La innombrable
ignominia que sufren a diario los médicos venezolanos y el personal sanitario
en general, es de una tremenda complejidad, si se quiere incluso de tenebrosas
proporciones que hoy desconocemos detalladamente luego de haberse iniciado la
pandemia el 13 de marzo del año 2020 por parte de la denominada: COMISIÓN
PRESIDENCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL COVID-19, manejada por dos de
los más grandes colaboradores del gobierno (el actual ministro de
telecomunicaciones así como Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez
y la vicepresidenta Delcy Rodríguez) dos totales neófitos en materia sanitaria
y científica, de los cuales uno ciertamente es médico psiquiatra, quien
abiertamente carece de formación virológica o aplicada en el ramo biológico,
así como tampoco ejerce como especialista en salud mental, mientras en el mundo
entero los países del llamado “primer mundo” conforman comisiones técnicas de
gran pertinencia y prestigio como los son las correspondientes a: Italia,
Alemania, Suiza y Reino Unido, cuyas personalidades constan de la participación
de respetados virólogos, biólogos, especialistas en genómica, bioquímica y
genética respectivamente. Mientras la realidad en Venezuela, por increíble que
parezca son dos políticos quienes toman las decisiones en materia sanitaria
ante esta emergencia global.
Respecto al punto que nos conduele,
producto del maltrecho manejo de una pandemia de proporciones indescriptibles
para los países vulnerables de Latinoamérica, la muerte de los galenos es y
será el punto de inflexión más duro, pues son éstos los que atienden a los
moribundos, incluso llegando a ser los mismos sus propios colegas, aún
cansados, mal remunerados y con las manos desnudas en la mayoría de los casos,
protegidos con sólo su fe y sobre todo, su vocación de servicio.
Inicia esta reseña en las postrimerías del
mes de julio de 2020 cuando la Academia Nacional de Medicina denunciaba las 132
muertes oficiales. Así mismo, según el portal SWISSINFO en el mes de Enero de
2021 se reportaron 332 muertes, referenciado de la ONG Médicos Unidos
Venezuela, siendo así para el 26 de marzo que Efecto Cocuyo notifica la muerte
de 15 colegas más en el área metropolitana y oriente de la nación en un lapso
inaudito de 48 horas (tomado del portal de INFOBAE), muchos de ellos
reconocidos médicos, jefes de servicios e importantes personalidades galénicas,
siendo así que esta espantosa situación continúa exacerbándose por la
inobservancia de un gobierno que se encuentra sumido en la defensa de sus intereses
criminales, como se pudo observar hace unos días en la frontera apureña donde
se transmitieron por diversos medios de comunicación el cruento enfrentamiento
entre las fuerzas paramilitares locales (también denominada: guerrilla) y
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por el control de puestos de
procesamiento de drogas, inclusive por la lucha sobre el control de 45 pistas
de aterrizaje clandestinas contabilizadas que funcionan como aeropuertos
seguros para el narcotráfico internacional.
Es claro que el gobierno de turno no
muestra la menor preocupación respecto a la responsabilidad que le compete y
que está reflejado en nuestras leyes, como derecho y como deber con el sistema
de salud, en vez de ello a manera de propaganda incongruente y desesperada
inventaron un compuesto alcaloideo derivado del tomillo (una planta usada para
cocinar) llamado “Carvativir”, con el objetivo de disuadir el descontento
popular y “brindar” una falsa esperanza a los enfermos, tal vez queriendo curar
con el efecto “placebo”, siendo ésto tan cínico e inescrupuloso que la
distribución de este dudoso “medicamento” lo ha convertido en un elemento de
uso obligado en las desabastecidas salas de tratamiento del COVID-19 a nivel
nacional, siendo tan ridícula tal acción que el mismo presidente además de
obligar su aplicación (carente de toda evidencia científica) se atrevió a
relacionarla como la “panacea ultima” atribuyéndole incluso efectos
místicos-religiosos, llamándole las “gotitas del Dr. José Gregorio Hernández”,
que además de insultar al reconocido beato venezolano, se escapa a la línea de
lo inverosímil, subestimando de esta forma el proceder congruente y necesario
de dotar adecuadamente al personal sanitario con medicamentos de probada
eficacia.
Respecto a lo anterior, hace dos semanas se
hizo un manifiesto desde el Colegio de Médicos de la ciudad de Valencia, estado
Carabobo, donde las autoridades lamentaban la pérdida de los 15 colegas
fallecidos en Caracas y el oriente del país, haciendo un “llamado desesperado”
a las autoridades gubernamentales a instarlas a brindar bioprotección adecuada
al personal de salud y exigiendo mayor inversión económica para la atención de
enfermos; así mismo acusaron a las autoridades de la Federación Médica
Venezolana de ser colaboracionistas con el denominado “régimen de Nicolás
Maduro” por guardar silencio ante la censura impuesta respecto a las
estadísticas de mortalidad por SARS2-COVID19, las cuales son ocultadas por las
direcciones de centros de salud públicos y coordinaciones regionales de salud.
A su vez, denunciaron la irregular permanencia de la administración de la ya
mencionada agrupación gremial, así como la perpetuación de los miembros de la
directiva por casi 20 años, el mismo tiempo que tiene el narco régimen en el poder,
siendo hasta ahora las estadísticas
oficiales inciertas, muchas brindadas por médicos epidemiólogos u ONGS quienes
se han atrevido a saltar el cerco que amordaza la libertad de expresión.
La mayor parte de los médicos en nuestro país
mueren a causa de fallas multiorgánicas producidas por COVID-19 y demás
comorbilidades, así como también a la atención tardía y ausencia de recursos
para su atención particular en centros privados respectivamente. En la
actualidad, el número de fallecidos asciende a más de 400 profesionales de la
salud, quienes lamentablemente la mayoría se contagian en sus áreas de trabajo
carentes de elementos adecuados de bioprotección como lo son: mascarillas,
respiradores certificados, guantes y equipos de protección corporal (EPS), sin
mencionar la ausencia de vacunación oportuna y de calidad, dudosa además de las
unidades de SPUTNIK V recién llegada al país (el único estudio con el que
cuenta fue hecho por su vendedor, el gobierno Ruso) sumado al colapso del
moribundo sistema de salud desde hace años, en el cual invierten
paupérrimamente menos del 2% del presupuesto nacional y que no está
estructuralmente apto para la atención del número desfasado de contagios; es
por ello que se han levantado hospitales de campaña “centinelas” que por demás,
son un chiste y una burla a quienes son hospitalizados en ellos.
Hace unos días, en los medios de
comunicación locales se llevó a cabo un censo nacional de cupos de terapia
intensiva por el diario EL NACIONAL, el cual arrojó el horroroso saldo de 142
camas a nivel público para más de 30 millones de personas, la gran mayoría sin
contar con ventilación mecánica en caso de ser necesaria, siendo éste el común
denominador de casos. A su vez el paciente se enfrenta a la apremiante escases
de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos para su atención en tales
unidades, teniendo que recurrir a mercados paralelos para la compra clandestina
de éstos rubros a precios exorbitantes, aludiendo también a un déficit de más
del 74% de personal entrenado para la atención de los enfermos de COVID-19,
dado que muchos de los especialistas en terapia intensiva y demás ramas médicas
han optado por migrar, renunciar o mantenerse en el sistema clínico privado,
donde una hospitalización en terapia intensiva por concepto del virus puede
fácilmente alcanzar entre los 40 a 50 mil dólares americanos, siendo que en
este sector sí se ha visto la inversión siguiendo los protocolos y lineamientos
de la OMS en materia biológica.
En la actualidad, es lamentable marcar con
un número a un amigo médico muerto, un padre, un hermano, una madre o una
hermana que se nos va por una “gripe letal” y sus complicaciones, quedando las
familia desasistidas por el Estado, vulnerables y no compensadas
económicamente, dado que éste debe y tiene que garantizar la aseguranza en
salud así como todas las medidas y recursos para ejercer la profesión médica
con protección y dignidad (como lo indica la Ley del Ejercicio de la Medicina
en 2011 y la Ley Orgánica del Trabajo vigente). Con pena, el Estado dominado
por un gobierno siniestro y dañino sólo está preocupado por hacer crecer
negocios que se lucran de la pandemia mediante “emprendimientos” o empresas que
fungen como prestadoras de servicios asociados a la enfermedad, como son:
recarga de cilindros de oxígeno, robo de fosas en cementerios para entierro de
los fallecidos por COVID (una alianza o mafia entre delincuentes, sindicatos y
alcaldías), así como la masiva compra de acciones en centros clínicos de
envergadura, siendo la conclusión de esta reseña que la peor pandemia no es la
que atravesamos sino la codicia con la que se conduce un gobierno criminal que
se lucra con la muerte y miseria de los ciudadanos que son gobernados por el
hambre, la desidia y la desinformación, entre ellos los médicos que día a día,
apostando por la vida intentan hacer algo en vano a la sombra de este sistema.
Paz a sus almas.
Por MA.C (médico venezolano)
familiafutura.com
