abril 07, 2021

LA MUERTE ES SEGURA, LA GANANCIA TAMBIÉN

 


La innombrable ignominia que sufren a diario los médicos venezolanos y el personal sanitario en general, es de una tremenda complejidad, si se quiere incluso de tenebrosas proporciones que hoy desconocemos detalladamente luego de haberse iniciado la pandemia el 13 de marzo del año 2020 por parte de la denominada: COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL COVID-19, manejada por dos de los más grandes colaboradores del gobierno (el actual ministro de telecomunicaciones así como Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez) dos totales neófitos en materia sanitaria y científica, de los cuales uno ciertamente es médico psiquiatra, quien abiertamente carece de formación virológica o aplicada en el ramo biológico, así como tampoco ejerce como especialista en salud mental, mientras en el mundo entero los países del llamado “primer mundo” conforman comisiones técnicas de gran pertinencia y prestigio como los son las correspondientes a: Italia, Alemania, Suiza y Reino Unido, cuyas personalidades constan de la participación de respetados virólogos, biólogos, especialistas en genómica, bioquímica y genética respectivamente. Mientras la realidad en Venezuela, por increíble que parezca son dos políticos quienes toman las decisiones en materia sanitaria ante esta emergencia global.

    Respecto al punto que nos conduele, producto del maltrecho manejo de una pandemia de proporciones indescriptibles para los países vulnerables de Latinoamérica, la muerte de los galenos es y será el punto de inflexión más duro, pues son éstos los que atienden a los moribundos, incluso llegando a ser los mismos sus propios colegas, aún cansados, mal remunerados y con las manos desnudas en la mayoría de los casos, protegidos con sólo su fe y sobre todo, su vocación de servicio.

  Inicia esta reseña en las postrimerías del mes de julio de 2020 cuando la Academia Nacional de Medicina denunciaba las 132 muertes oficiales. Así mismo, según el portal SWISSINFO en el mes de Enero de 2021 se reportaron 332 muertes, referenciado de la ONG Médicos Unidos Venezuela, siendo así para el 26 de marzo que Efecto Cocuyo notifica la muerte de 15 colegas más en el área metropolitana y oriente de la nación en un lapso inaudito de 48 horas (tomado del portal de INFOBAE), muchos de ellos reconocidos médicos, jefes de servicios e importantes personalidades galénicas, siendo así que esta espantosa situación continúa exacerbándose por la inobservancia de un gobierno que se encuentra sumido en la defensa de sus intereses criminales, como se pudo observar hace unos días en la frontera apureña donde se transmitieron por diversos medios de comunicación el cruento enfrentamiento entre las fuerzas paramilitares locales (también denominada: guerrilla) y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por el control de puestos de procesamiento de drogas, inclusive por la lucha sobre el control de 45 pistas de aterrizaje clandestinas contabilizadas que funcionan como aeropuertos seguros para el narcotráfico internacional.

    Es claro que el gobierno de turno no muestra la menor preocupación respecto a la responsabilidad que le compete y que está reflejado en nuestras leyes, como derecho y como deber con el sistema de salud, en vez de ello a manera de propaganda incongruente y desesperada inventaron un compuesto alcaloideo derivado del tomillo (una planta usada para cocinar) llamado “Carvativir”, con el objetivo de disuadir el descontento popular y “brindar” una falsa esperanza a los enfermos, tal vez queriendo curar con el efecto “placebo”, siendo ésto tan cínico e inescrupuloso que la distribución de este dudoso “medicamento” lo ha convertido en un elemento de uso obligado en las desabastecidas salas de tratamiento del COVID-19 a nivel nacional, siendo tan ridícula tal acción que el mismo presidente además de obligar su aplicación (carente de toda evidencia científica) se atrevió a relacionarla como la “panacea ultima” atribuyéndole incluso efectos místicos-religiosos, llamándole las “gotitas del Dr. José Gregorio Hernández”, que además de insultar al reconocido beato venezolano, se escapa a la línea de lo inverosímil, subestimando de esta forma el proceder congruente y necesario de dotar adecuadamente al personal sanitario con medicamentos de probada eficacia.

    Respecto a lo anterior, hace dos semanas se hizo un manifiesto desde el Colegio de Médicos de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, donde las autoridades lamentaban la pérdida de los 15 colegas fallecidos en Caracas y el oriente del país, haciendo un “llamado desesperado” a las autoridades gubernamentales a instarlas a brindar bioprotección adecuada al personal de salud y exigiendo mayor inversión económica para la atención de enfermos; así mismo acusaron a las autoridades de la Federación Médica Venezolana de ser colaboracionistas con el denominado “régimen de Nicolás Maduro” por guardar silencio ante la censura impuesta respecto a las estadísticas de mortalidad por SARS2-COVID19, las cuales son ocultadas por las direcciones de centros de salud públicos y coordinaciones regionales de salud. A su vez, denunciaron la irregular permanencia de la administración de la ya mencionada agrupación gremial, así como la perpetuación de los miembros de la directiva por casi 20 años, el mismo tiempo que tiene el narco régimen en el poder, siendo hasta  ahora las estadísticas oficiales inciertas, muchas brindadas por médicos epidemiólogos u ONGS quienes se han atrevido a saltar el cerco que amordaza la libertad de expresión.

  La mayor parte de los médicos en nuestro país mueren a causa de fallas multiorgánicas producidas por COVID-19 y demás comorbilidades, así como también a la atención tardía y ausencia de recursos para su atención particular en centros privados respectivamente. En la actualidad, el número de fallecidos asciende a más de 400 profesionales de la salud, quienes lamentablemente la mayoría se contagian en sus áreas de trabajo carentes de elementos adecuados de bioprotección como lo son: mascarillas, respiradores certificados, guantes y equipos de protección corporal (EPS), sin mencionar la ausencia de vacunación oportuna y de calidad, dudosa además de las unidades de SPUTNIK V recién llegada al país (el único estudio con el que cuenta fue hecho por su vendedor, el gobierno Ruso) sumado al colapso del moribundo sistema de salud desde hace años, en el cual invierten paupérrimamente menos del 2% del presupuesto nacional y que no está estructuralmente apto para la atención del número desfasado de contagios; es por ello que se han levantado hospitales de campaña “centinelas” que por demás, son un chiste y una burla a quienes son hospitalizados en ellos.

    Hace unos días, en los medios de comunicación locales se llevó a cabo un censo nacional de cupos de terapia intensiva por el diario EL NACIONAL, el cual arrojó el horroroso saldo de 142 camas a nivel público para más de 30 millones de personas, la gran mayoría sin contar con ventilación mecánica en caso de ser necesaria, siendo éste el común denominador de casos. A su vez el paciente se enfrenta a la apremiante escases de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos para su atención en tales unidades, teniendo que recurrir a mercados paralelos para la compra clandestina de éstos rubros a precios exorbitantes, aludiendo también a un déficit de más del 74% de personal entrenado para la atención de los enfermos de COVID-19, dado que muchos de los especialistas en terapia intensiva y demás ramas médicas han optado por migrar, renunciar o mantenerse en el sistema clínico privado, donde una hospitalización en terapia intensiva por concepto del virus puede fácilmente alcanzar entre los 40 a 50 mil dólares americanos, siendo que en este sector sí se ha visto la inversión siguiendo los protocolos y lineamientos de la OMS en materia biológica.

   En la actualidad, es lamentable marcar con un número a un amigo médico muerto, un padre, un hermano, una madre o una hermana que se nos va por una “gripe letal” y sus complicaciones, quedando las familia desasistidas por el Estado, vulnerables y no compensadas económicamente, dado que éste debe y tiene que garantizar la aseguranza en salud así como todas las medidas y recursos para ejercer la profesión médica con protección y dignidad (como lo indica la Ley del Ejercicio de la Medicina en 2011 y la Ley Orgánica del Trabajo vigente). Con pena, el Estado dominado por un gobierno siniestro y dañino sólo está preocupado por hacer crecer negocios que se lucran de la pandemia mediante “emprendimientos” o empresas que fungen como prestadoras de servicios asociados a la enfermedad, como son: recarga de cilindros de oxígeno, robo de fosas en cementerios para entierro de los fallecidos por COVID (una alianza o mafia entre delincuentes, sindicatos y alcaldías), así como la masiva compra de acciones en centros clínicos de envergadura, siendo la conclusión de esta reseña que la peor pandemia no es la que atravesamos sino la codicia con la que se conduce un gobierno criminal que se lucra con la muerte y miseria de los ciudadanos que son gobernados por el hambre, la desidia y la desinformación, entre ellos los médicos que día a día, apostando por la vida intentan hacer algo en vano a la sombra de este sistema.

Paz a sus almas.

Por MA.C (médico venezolano)

familiafutura.com

 

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